Con la sentencia del Tribunal Constitucional y el conflicto abierto por la comprometida situación en que queda el encaje de Cataluña en España con el último recorte de un Estatut que queda reducido y desvirtuado en gran parte respecto al que refrendó el pueblo catalán el año 2006, se ha puesto de manifiesto algo que desde el PRE hemos remarcado desde que se inició la aventura de la reforma estatutaria: que es imposible avanzar hacia un mejor autogobierno de Cataluña, y mucho menos hacia una organización federal, mientras sigamos aceptando la constitución de 1978 como marco legal válido, con todo lo que esto representa. El resultado es que algunos puntos importantes que planteaba el texto, como la importantísima cuestión de la financiación o la reación del tribunal de justicia de Cataluña han quedado anuladas.
Sin entrar en el debate sobre su legitimidad, a nadie se le escapa que el Tribunal Constitucional ha representado un espectáculo esperpéntico, con cuatro años de espera, jueces recusados y otros que habían caducado su mandato, así como con la descarada politización de este órgano y la alta dosis de ideología de sus miembros. Por otro lado la sentencia no es ninguna sorpresa, por mucho que la clase política catalana reacciones como si nada de eso se hubiera podido preveer. Desde el principio, el intento de ampliar el autogobierno de Cataluña aprobando un estatuto en un clima de abierta hostilidad a las instituciones del estado va a ser una aventura arriesgada, sobretodo porque no se va a querer cuestionar previamente el marco legal vigente. Ahora estamos viendo que era un error.
Cabe remarcar que tampoco se percibía esta cuestión de la reforma estatutaria como prioritaria por parte de la sociedad catalana, tal y como se demostró con la baja participación en el referéndum (que no llegó al 50% de electores), pero una generación de políticos mediocres y sin ideología hicieron bandera del estatuto durante una legislatura en la que se habló de poca cosa más. Entre campaña y campaña y las promesas vacías de Zapatero, se redactó un estatuto espeso que, a pesar de no ser ninguna panacea, sí que suponía un paso adelante hacia un autogobierno efectivo y una mejor financiación, al mismo tiempo en que se dejaba claro que el estado de las autonomías es una engañifa que no funciona ni satisface las necesidades del país. Pero no se explicó a la sociedad catalana que era muy difícil que esta aventura saliera bien, no tanto porque el Estatut fuese anticonstitucional sino porque está claro que mientras sigamos viviendo en un régimen que sigue indentificándose con buena parte de los valores del franquismo, las instituciones del régimen batallarán para hacer fracasar cualquier aspiración de más autogobierno de Cataluña. Desde el catalanismo hacía falta plantear abiertamente una rotura del marco legal vigente antes que hacer un nuevo estatuto que auguraba recortes por todas partes.
Pero parece que el señor Montilla, su partido, y buena parte de la clase política catalana, por muy indignados que estén, se niegan a reconocer esta cuestión tan sencilla y siguen dando golpes de cabeza contra la pared constitucional, empecinados en creer que se puede hacer un "federalismo" desvirtuado en el régimen actual. En el otro extremo, los que ven el referéndum de independencia como única salida, tampoco quieren reconocer que el marco legal vigente y el clima político harían fracasar estrepitosamente una tentativa de este tipo, ya que de poco serviriía que hipotéticamente Cataluña votase a favor de la independencia si este referéndum resulta ilegal, si el derecho de autodeterminación no está reconocido. Ni el discurso de los autonomistas (que a pesar de su indignación continúan reconociendo la carta magna del 78), ni los independentistas (que plantean una rotura con España sin pensar en las consecuencias), están afrontando el problema de fondo, que es la imposibilidad de afrontar cambios reales en el régimen actual. Mientras tanto, solo se le vende humo a la ciudadanía, o quizá se consigue arañar algún voto de cara a las elecciones, con todos los partidos intentando barrer hacia casa.
Respecto los catalanes que votamos el Estatut, la gran mayoría nos preguntamos de qué sirve haber votado en un referéndum que después resulta que no es válido ya que se cuestina a posteriori su constitucionalidad. Al ciudadano le da la sensación de que le toman el pelo, y todo junto nos lleva a cuestionar seriamente una vez más la calidad de nuestra democracia, y puede que a llegar a la conclusión de que la "democracia" actual no es tan democrática. sobre el plano teórico, el pueblo tiene la soberanía, el voto del ciudadano expresado en un referéndum da toda la legitimidad a una decisión política, y si resulta que es anticonstitucional, es que alguna cosa pasa con esta constitución. Las constituciones no son sabradas, ni monolíticas ni inamovibles, y la que tenemos actualmente fue aprobada en condiciones muy criticables. ¿No sería la hora de decir, francamente, que esta carta magna, no satisface los deseos del pueblo y que se ha de revisar?
Desde nuestra perspectiva federalista, el futuro del autogobierno de Cataluña pasa por cambiar primero el régimen y acabar con un marco legal que no permite profundizar el autogobierno ni que Cataluña se sienta cómoda en España, para plantear a continuación, y en el marco de una III República, una organización territorial federal, desde la basa de una nueva carta magna, realizada sin presiones, con plena responsabilidad democrática, adaptada a los nuevos tiempos y que permita las máximas aspiraciones de autogobierno de los pueblos ibéricos, incluido el derecho de autodeterminación. Es necesario romper de forma radical con los mitos de la transición, reconocer que hace 30 años las cosas no se van a hacer ni tan consensuadamente ni tan democráticamente como nos quieren hacer creer. Sólo de esta forma se puede garantizar una salida a las aspiraciones del pueblo catalán, sean las aspiraciones que sean.
Ramiro Gil Morel
Secretario General del PRE-IR
El Partit Republicà d'Esquerra, ante la situación creada con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña
del Tribunal Constitucional y la manifestación convocada el 10 de julio,
manifiesta que: 
