viernes, 28 de mayo de 2010

Izquierda Republicana continúa luchando por su dignidad

 
Ante la difusión en días pasados de una nota en la que se afirma que se han archivado de forma "definitiva"(?) las diligencias judiciales con relación a la denuncia presentada por Izquierda Republicana, por falsificación en documento público y privado, contra quienes usurpan su nombre y su legítima representación, no significa en absoluto, como pretenden hacer creer sus autores, que la lucha por la legítima representación de nuestro partido haya concluido con la victoria de ese “lado obscuro” del pasado de IR, que no acepta el cambio democrático producido en nuestro partido en 2007 y que ha hecho de la falsedad su estandarte. 

El auto judicial que estima que no ve indicios de delito de falsedad documental es recurrible, y de ha hecho ha sido y seguirá siendo recurrido. También era recurrible la primera decisión de este mismo juez cuando no admitió a trámite nuestra denuncia. Fue nuestro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid lo que provocó que ésta ordenase al juez la apertura de las correspondientes diligencias, estimando que sí existían indicios de delito.  Ahora, tras las diligencias, el juez insiste en no verlo, a pesar de las apreciaciones de los tres magistrados de la Audiencia Provincial que estimaron lo contrario; pues bien, ante ellos recurrimos de nuevo, y será por tanto, la Audiencia Provincial quien decida finalmente al respecto; algo que todavía no ha ocurrido, por lo que el proceso sigue abierto y sin conclusión definitiva.

Con independencia de este proceso por vía penal, existe otro proceso en paralelo por vía civil. Por lo que si el primero fuese archivado, se continuaría con el segundo, de manera que estamos aún muy lejos de haber perdido ninguna batalla.

 Es conveniente ahora recordar que sigue igualmente abierto el proceso, por apropiación indebida de los bienes del partido, contra estos mismos embusteros que se lanzaron a la aventura de falsificar un congreso y una nueva dirección del partido, tratando de forma desesperada de neutralizar nuestra denuncia, y sin otro interés que salvarse de la quema.

La confianza en la justeza de nuestras reclamaciones nos seguirá siempre impulsando a continuar la lucha por todos los medios a nuestro alcance, hasta conseguir el total desenmascaramiento de tan burda impostura. Razón no nos falta, ni tampoco el apoyo de nuestra militancia, ni el de aquellos políticos honrados que buscan el bien de la causa republicana, y no su utilización en beneficio personal como oficio de menesterosos.


Madrid, 27 de mayo de 2010

Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana

miércoles, 26 de mayo de 2010

El PRE se une a la manifestación contra la política educativa del gobierno catalán y a favor de la educación pública de calidad


El Partit Republicà d'Esquerra da pleno apoyo y convoca a la ciudadanía a la manifestación social que se celebrará este sábado 29 de mayo, a las 17:30 en Barcelona, desde Plaça Urquinaona a Plaça Sant Jaume, convocada por todos los sindicatos educativos, en rechazo a la política en materia de educació que está aplicando la Generalitat de Cataluña, con el conseller Ernest Maragall a la cabeza, y que está suponiendo el recorte y precarización de la educación pública más brutal que hemos vivido en nuestra historia reciente. Las medidas aplicadas por el Departamento de Educación, en el marco de la nueva Llei d'Educació de Catalunya (LEC), aprobada teniendo en contra a la gran mayoría del profesorado y de la comunidad educativa suponen, entre otras, la supresión de centros públicos, la reducción de plantillas docentes, sustituciones no cubiernas, masificación de las aulas, plazas públicas insuficientes en las escuelas de adultos, ciclos formativos y jardines de infancia; cambios en el modelo de gestión democrática de los centros y su jerarquización, cambios injustificados del calendario, precarización de las condiciones de trabajo del profesorado interino, cierre de grupos de bachillerato públicos en algunos institutos, desaparición del bachillerato nocturno mientras se concentran bachilleratos en instituciones privadas, también en las de carácter religioso, etc... Todos estos planes se están llevando a cabo con la oposición sindical y de buena parte de la comunidad educativa, con movilizaciones periódicas, sin que el departamento se dé por aludido.

Paralelamente, y con la opacidad de los medios de comunicación, la Generalitat, a través del departamento de trabajo, ha suprimido las escuelas taller y las casas de oficio, dejando en el paro a más de 1400 profesionales, suprimiendo un gran recurso social para la educación, la formación y la inserción laboral.

Además, estas medidas se enmarcan en un contexto de crisis al cual se han añadido los recortes del denominado "plan de austeridad", y que supone la reducción de los salarios de los trabajadores de la administración pública de forma considerable, mientras la administración sigue invertiendo grandes cantidades de recursos en gastos mucho menos imprescindibles (casa real, ayudas a bancos y cajas, tropas en el extranjero, sueldos vitalicios de ex altos cargos públicos, y un largo etcétera). Desde el PRE creemos que hay muchos sectores en la administración desde los que se puede empezar a recortar gastos y no desde los pilares del estado del bienestar como son la educación, la sanidad o las pensiones. En este contexto, ideas propuestas como la compra de ordenadores portátiles para cada alumno el próximo curso (medida que ya parece una realidad), o la ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años son totalmente surrealistas.
 
El PRE considera que se ha puesto de manifiesto el peligro que corre nuestro modelo de educación pública, criticamos con contundencia esta actuación y consideramos que esta no es una política propia de un gobierno de izquierdas sino de un gobierno neoliberal sin escrúpulos que pretende imponer un modelo precario de educación pública y hacer pagar los platos rotos de la crisis al conjunto de la sociedad, cuando no es su responsabilidad. También demandamos a los sindicatos implicados que inicien movilizaciones más contundentes y valientes, incluso la convocatoria de huelgas indefinidas, atendiendo a que las movilizaciones hasta ahora propuestas han demostrado ser ineficaces.

 
Partit Republicà d'Esquerra - Izquierda Republicana

www.ir-pre.es

http://www.plataformaensenyamentpublic.cat/

sábado, 15 de mayo de 2010

El PRE-IR se adhiere al manifiesto social en defensa de la educación pública

La educación es un derecho universal y un bien público, al cual toda la ciudadanía tiene derecho a acceder y la administración tiene el deber de garantizar, en condiciones de calidad e igualdad. Además, hay consenso en nuestra sociedad sobre el hecho de que la educación, además de ser una necesidad para el progreso social, es la condición para hacer posible una sociedad cohesionada y justa, y para que eso sea posible la educación pública tiene que ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo y ha de garantizar su función social de ayudar a compensar desigualdades.

La enseñanza pública tiene que garantizar que todas las personas puedan estudiar y puedan aprender y, además, debe de ser democrático y gratuito para que no segregue a las personas ni por clase social, ni por género, ni por lengua, ni por creencias, ni por cultura.

No obstante, en estos momentos nos encontramos ante una grave situación de deterioro de la educación pública, de la mano del actual conseller Maragall, que justamente va en la dirección contraria: introducción de mecanismos de gestión privada, disminución del gasto y de los recursos para la educación pública y, por tanto, más desigualdad de oportunidades para el alumnado y menos cohesión social para Cataluña.
A partir de la aprobación de la nueva Ley de Educación de Cataluña (con el rechazo mayoritario del profesorado y de buena parte de la comunidad educativa), y con el argumento de la crisis, estamos asistiendo a un ataque sistemático contra la educación pública: recortes de la plantilla del profesorado, masificación de las aulas, sustituciones no cubiertas, cierre de grupos de bachillerato en barrios desfavorecidos, disminución de profesionales en los centros -veladores, técnicos de integración social, personal mediador y de traducción, etc-, disminución de las aulas de acogida, y plazas públicas insuficientes (con grandes listas de espera) en los ciclos formativos, en la educación de personas adultas y en las guarderías.

Junto a este recorte de recursos, asistimos también a un contínuo goteo de nuevos decretos que pretenden cambiar la organización democrática y participativa de los centros con tal de imponer un modelo de gestión que aleje al profesorado y al resto de la comunidad educativa de las decisiones pedagógicas, organizativas y de gestión económica de los centros públicos, y que de ninguna forma favorecerá a la buena marcha de los centros educativos ni ayudará a mejorar la calidad educativa. 
Todo esto no solo nos está llevando a un retroceso de la educación pública, sino que también a un retroceso en las condiciones laborales del profesorado, al que se le hace responsable de las faltas y de los errores de la administración educativa. Finalmente se cambia, también sin consenso, el calendiario escolar, complicando aún más la difícil conciliación de la vida laboral y familiar, sobretodo de las clases con menor poder económico.

Ante todo esto, exigimos al gobierno de Cataluña:
•  incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento de los centros públicos.
• Aumento de las plantillas en base a las necesidades reales de los centros.
• No efectuar el cierre de bachilleratos ni ciclos formativos públicos.
• No suprimir profesorado de los servicios educativos y de los CAEP.
• Sustituir desde el primer día al profesorado de baja.
• Disminuir el número de alumnos por aula, especialmente en los centros que escolarizan a alumnos con más dificultades.
• Aplicación de medidas contra la guetificación de los centros, aplicando una distribución no segregadora del alumnado.
• Abrir las puertas del sistema a las personas que están en el paro, con más formación profesional, formación que es básica para personas adultas, más líneas de bachillerato y más universidad.
• Apostar por la enseñanza de idiomas y la alfabetización digital.
• Detener la aplicación del nuevo calendario escolar.
•Un despliegue de la LEC que no desmonte la escuela pública, ni la organización democrática de los centros educativos. En este sentido, pedimos que se pare la publicación de los decretos sobre autonomía de centros y direcciones y que se abra una moratoria de un año para su negociación y debate social.

jueves, 13 de mayo de 2010

Recortes injustos, democracia cuestionada


El anuncio de recortes en el gasto público efectuado ayer por parte del Presidente del Gobierno viene a suponer la confirmación de la victoria absoluta de las tesis neoliberales en nuestro país apoyándose en las instituciones financieras internacionales (como el FMI y los mercados de deuda) así como en los mensajes enviados desde la Unión Europea. Es evidente que el gobierno español ha cedido de forma irresponsable y se ha sumado al carro de los que cargan el peso de la crisis en los sectores más débiles de la sociedad mientras que los beneficiarios de las sucesivas burbujas permanecen a salvo de cualquier inquietud.

Injusto es el recorte de los salarios de los empleados públicos en una media del 5% cuando hasta hace sólo unos meses se nos decía que se mantendría su poder adquisitivo y que ni siquiera se planteaba la congelación salarial. Hacen mal algunos sectores sociales en alegrarse de este recorte puesto que se trata de un medida ejemplificadora y muchos empresarios van a disponer de una referencia en su negociación al ver el comportamiento del gobierno con sus empleados. Eso por no hablar de los efectos que pueda tener esta disminución de ingresos de muchas familias en el crecimiento económico y en la recaudación fiscal.

También supone una grave injusticia el hecho de que la mayor parte de las pensiones de nuestros mayores no vayan a ser actualizadas de acuerdo con el incremento del IPC. Se trata de un sector con graves dificultades económicas debido a que la mayor parte de las pensiones son de cuantías ínfimas teniendo que soportar estrecheces para llegar a fin de mes.

Injusto es que se retire tras escasos años de aplicación el llamado “cheque-bebé”, una de las pocas medidas, ya de por si bastante insuficiente, de ayuda a las familias. Su implantación de modo lineal, otorgando la misma ayuda sin atender a los ingresos ya fue errónea pero el gobierno vuelve a equivocarse en su eliminación para todas las madres.

Finalmente, se remata la injusticia haciendo recaer los recortes del gasto público en los beneficiarios de la Ley de la Dependencia, aun insuficientemente implantada.

El gobierno socialista ha optado por las recetas más fáciles servidas por las cocinas del neoliberalismo. Todo para “tranquilizar” a unos mercados cuya voracidad es insaciable, lo que supone que los recortes muy probablemente no se quedarán ahí. Es fácil que próximamente volvamos a escuchar amenazas respecto a las pensiones y que se articule una reforma laboral gravemente perjudicial para los intereses de los trabajadores.

Nada se ha concretado con respecto a la posibilidad de elevar los ingresos de las arcas públicas mediante una persecución decidida del elevado fraude fiscal, la elevación de los tramos del IRPF de las rentas más altas, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio,… entre otras posibles medidas. Parece que nos quiere molestar a las grandes empresas y fortunas que con crisis o sin ella siguen mostrando cuantiosos beneficios.

Llama la atención el contraste entre la generosidad del gobierno con bancos y cajas cuando estos se vieron apurados por sus pésimas decisiones inversoras hace escasos meses con el rigor que se aplica a una gran parte de los ciudadanos que no tuvieron ninguna culpa de la incubación de la actual crisis.

Por otra parte, parece claro que en lo que respecta a las políticas económicas, los españoles no somos soberanos a la hora de tomar decisiones. Los mandatarios de la UE, EEUU y las instituciones financieras internacionales son las que marcan su particular modo de que salgamos de la crisis. Ni nuestro gobierno ni el parlamento, fruto de la voluntad popular, parecen tener margen de maniobra. Los ciudadanos debemos cuestionarnos si lo que vivimos en España es una democracia real o virtual. Nuestro gobierno no puede ser el títere de intereses particulares de grandes empresas, fondos de inversiones, bancos,…

Reiteramos desde Izquierda Republicana la necesidad de buscar un nuevo modelo económico y social alternativo que supere el actual sistema capitalista. Esta no es una crisis más. Revela las graves carencias del capitalismo para responder a las demandas de la sociedad. Sus recetas van en el camino de empobrecer a la gran mayoría de los ciudadanos y abrir un abismo social cuyas repercusiones pueden ser muy graves.

Asimismo queremos insistir en que las decisiones sobre políticas económicas no pueden quedar en manos de organismos e instituciones no elegidos por los ciudadanos y cuya presunta independencia es bastante cuestionable a la luz de su actuación en esta crisis.









Ramón García Hernández
Comisión de Economía y Mundo Laboral
Izquierda Republicana

martes, 11 de mayo de 2010

El PRE-IR se adhiere al manifiesto por un Pacto Nacional por la Laicidad


Texto del manifiesto:

La crisis econòmica, ambiente propicio para situaciones conflictivas
Estos últimos años estamos viviendo una crisis económica de alcance global que plantea retos que son de resolución compleja, pero necesaria. Como es habitual, esta crisis está teniendo su principal impacto en las clases populares, y está generando situaciones de desigualdad. Son estas situaciones las que pueden favorecer una fractura de la convivencia, donde el racismo y la intolerancia religiosa se mezclen, pudiendo llegar a provocar graves estallidos xenófobos. La crisis, pues, puede favorecer las situaciones sociales conflictivas.

Un Pacto Nacional por la Laicidad, un pacto per la convivencia en Cataluña
Cataluña no solo está en condiciones de abordar este debate sin ningún tipo de complejo sino que, además, la adopción de medidas destinadas a poner soluciones a estas posibles situaciones conflictivas ha de estar en la primera línea de la agenda política, social y mediática del país. Es por eso que creemos que es el momento de plantear un gran debate público, un debate político y social que tenga como objetivo llegar a un gran Pacto Nacional por la Laicidad.

Un Pacto que represente al conjunto de la sociedad catalana
Este gran acuerdo por la laicidad tiene que ser un pacto de país, un pacto que cuente con la participación activa del conjunto de la ciudadanía: asociaciones cívicas y confesiones religiosas, partidos políticos, agentes sociales, comunidad educativa, mundo académico, medios de comunicación, etc.

La laicidad, para una sociedad libre y plenamente democrática
Y ha de ser un pacto que tenga como objetivo potenciar los valores de la libertad de consciencia y de religión, el pluralismo, la igualdad, el respeto y la cohesión como pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país. Estos son los fundamentos de la laicidad. Porque la laicidad constituye una ética civil, universalista e independiente de cualquier confesión o ideología. Solo desde la laicidad, la libertad de pensamiento y el pluralismo se puede construir una sociedad libre y plenamente democrática. Y estamos convencidos de que llegar a un consenso que pueda convertirse en un Pacto Nacional por la Laicidad, es dar un paso más en la construcción de esta sociedad deseada.


sábado, 1 de mayo de 2010

1 de Mayo, día del trabajo

Ante un nuevo 1 de mayo, día del trabajo, El PRE-IR Tarragona anima a todas las personas, con trabajo o en el paro, ya jubiladas o aún estudiantes, a participar en las diferentes concentraciones y manifestaciones convocadas en pueblos y ciudades para reivindicar a las administraciones soluciones al problema del paro y de la precariedad laboral, y para exigir que no se tomen medidas que perjudiquen a las pensiones, como ya hemos reivindicado desde el PRE-IR.
 
Esperamos que las movilizaciones del 1 de mayo supongan también una llamada a la responsabilidad con trabajadores y trabajadoras a las organizaciones sindicales,  que tienen el deber de cumplir su función de reivindicar los derechos laborales frente a planes de recorte gubernamentales y empresariales.

Luis Iglesias
PRE-IR Tarragona

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