En las
últimas semanas, la excusa de la crisis económica y sus funestas consecuencias
tanto en el terreno laboral como económico ha servido de cobertura para que
desde el neoliberalismo triunfante se exijan mayores sacrificios a la clase
trabajadora. Hablan de ajuste utilizando su piadoso lenguaje pero de lo que se
trata es de que la mayoría de los ciudadanos, que no se benefició de las
sucesivas burbujas financieras, tenga que apechar con las consecuencias de los
excesos. De momento ya se esta viendo la crudeza de esos ajustes en forma de
incremento desorbitado del paro, que ya supera la cifra de cuatro millones de
personas en nuestro país.
Pero los sacerdotes de la religión capitalista no se conforman. El presidente del gobierno acudió a la cumbre de Davos y volvió con el encargo de seguir recortando el gasto público con la amenaza de que si no cumplía, la deuda española encontraría dificultades para ser financiada en los mercados especulativos. De este modo, nos encontramos con la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, un recorte del gasto público por importe de 50.000 millones de euros y una reforma laboral cuyo calado no se acaba de perfilar pero que indudablemente supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.
En la propuesta sobre las pensiones se han alegado una serie de motivos demográficos y de sostenibilidad del sistema que son bastante discutibles teniendo en cuenta hasta hace escasas fechas, desde el gobierno se nos aseguraba la gran fortaleza del sistema de Seguridad Social (superávit, Fondo de Reserva…) que garantizaba las pensiones. Estos bandazos dan a entender claramente que a los ciudadanos se les miente según conviene y no se le aportan los datos que les permitan tener un juicio adecuado sobre cuestiones importantes para sus vidas. Evidentemente se debe asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones actual basado en la solidaridad intergeneracional y es probable que haya que ajustarlo a las nuevas expectativas en cuanto a esperanza de vida o evolución de la población activa pero también hay que apuntar que las pensiones pueden ser financiadas por otras vías que no sean las cotizaciones sociales. Por otra parte, detrás de este cuestionamiento del sistema público subyace el propósito nada oculto de fomentar los fondos privados de pensiones con los que los mercados financieros engrasan su maquinaria especulativa con resultados nefastos en muchas ocasiones para los ciudadanos que los contratan.
En cuanto a la reforma laboral, ya apuntábamos en nuestro documento sobre despidos y beneficios, que esta expresión es la forma amable de llamar al abaratamiento del despido y al recorte de derechos laborales. Con la globalización, es sumamente fácil para muchas empresas trasladar su producción a los países más dispuestos a rebajar los derechos de los trabajadores y el uso de esa presión les facilita la consecución de mayores beneficios a costa de la reducción de los salarios. Los sindicatos mayoritarios deben abandonar sus tibias posiciones al amparo de las subvenciones públicas para cumplir el papel que se supone que deben cumplir frente a la ofensiva de las grandes organizaciones empresariales.
Por lo que se refiere a los recortes en el gasto público, es claro que desde las Administraciones Públicas se debe ejemplificar y proceder con la mayor austeridad y rigor pero todo ello teniendo en cuenta que el gasto social es en este momento más necesario que nunca. En este aspecto, no podemos dejar de criticar como republicanos la opacidad y despilfarro que caracterizan las cuentas de la casa real. No hay que olvidar las posibilidades de aumentar los ingresos públicos mediante un sistema tributario verdaderamente progresivo y un decidido esfuerzo para combatir de forma efectiva el fraude fiscal.
Después del anuncio de estas medidas, se ha levantado una notable oposición tanto política como social y el gobierno, aparentemente, ha comenzado a titubear. Pero los ciudadanos no podemos dejarnos engañar. Los mercados van a seguir utilizando todos los medios a su alcance para conseguir sus fines. Al igual que amenazaron con el colapso financiero si no se aportaba dinero público a los bancos, ahora toca profetizar terribles desastres si no se recortan los derechos sociales. Para ello se sirven de numerosos “expertos” que desde sus tribunas ilustran y justifican sus exigencias. Todo ello es ejecutado por unos gobiernos incapaces de mantener las convicciones por las que han sido elegidos por los ciudadanos. En el caso de España, nos encontramos con un gobierno socialista que, pretendiendo ser de izquierdas, no duda en ejecutar políticas neoliberales como lo hizo en su día el Partido Popular.
El chantaje es permanente en el sistema capitalista. Si los ciudadanos, asustados, seguimos dando pasos para atrás en la defensa de nuestros derechos terminaremos cayendo al precipicio. No debemos de pensar de modo egoísta buscando soluciones individuales a costa de la desgracia de los otros. Estaremos haciendo el juego al sistema y los que piensen que se han librado terminaran siendo igualmente víctimas de la exclusión social.
Desde Izquierda Republicana pensamos que esta crisis nos da la oportunidad de elegir, de salir de unas dinámicas perversas cuyos efectos estamos viviendo día a día en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos… No podemos permitir que nuestro futuro se decida en las mesas de unos poderosos a los que no hemos elegido. Este sistema está agotado y es cada vez más cruel con los más débiles; demos un paso al frente en dirección a otro futuro más justo, más libre y más solidario.
Ramón García.
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