72º aniversario del asesinato de Lluís Companys

Caso Garzón: Ensañándose con la justicia

En estos días se nos brinda la oportunidad de contemplar un dantesco espectáculo judicial, en ese circo en el que se ha convertido el Tribunal Supremo, viendo cómo se enjuicia al protagonista, Baltasar Garzón, por declararse competente para investigar crímenes de lesa humanidad.

Y es que el evento es todo un escarnio a la justicia. Esta farsa que se está llevando a cabo no es pequeña, atendiendo a los hechos: las personas desaparecidas por la represión franquista desde el levantamiento armado contra la II República se cifran en unas 113000, de las cuales la mayoría morirían asesinados en las tapias de los cementerios o en las cunetas, donde posiblemente seguirán olvidados sus huesos. En las últimas décadas, el estado español ha firmado una larga retahíla de convenios y acuerdos internacionales que le comprometen a investigar los casos de ‘deportaciones, tortura, persecución y desapariciones forzadas’. La lógica del derecho lleva a pensar que esta investigación debería tener lugar, como ya ha ocurrido en Chile, Argentina o Brasil con asesinatos en masa similares… pero aquí eso no está pasando.

Aquí nos topamos con una de las trampas de la ejemplar transición: la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley, que en aquel momento se creyó que amparaba a los presos por motivos políticos, ahora, vista con al perspectiva que dan los años pasados desde entonces, se revela como la coartada que esgrimen las élites de la dictadura para conseguir la impunidad de sus crímenes durante sus años en el poder. La amnistía ha significado impunidad para el franquismo. Han blindado los crímenes de la camarilla de Franco para una investigación, que no ya una condena, de delitos como genocidio, crímenes contra la humanidad que no caducan ni son amnistiables en ningún caso. A Franco, incluso en democracia, se le está colocando por encima de los derechos humanos.

No es un asunto menor el por qué se quieren tapar las vergüenzas del régimen de Franco. La legitimidad del sistema vigente radica en sostener la idea de que la transición fue un proceso ejemplar; con la salvedad de que esta afirmación es desmentida ampliamente en el extranjero, donde el rendir cuentas a la justicia por parte de los capitostes de una dictadura es un asunto innegociable. Si una causa judicial es capaz de cuestionar y anular una de las leyes fundamentales de este proceso, se pondría en tela de juicio a la transición entera, pues sería la demostración de que aquello no se hizo correctamente, y esto llevaría a muchas preguntas interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente: ¿Por qué se toleró durante tantos años esta situación? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la impunidad? ¿Por qué la corona, que capitaneó la transición, amparó esta infamia? ¿Quiénes han estado interesados en sostener esta mentira, y por qué?

No somos pocos los que consideramos que es de justicia absolver al juez Garzón de esos cargos absurdos, para que pueda continuar con la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo y para que cualquier juez en el ámbito de su competencia pueda investigar lo que sucediera en ese periodo con absoluta libertad. Y si ello requiere anular la Amnistía de 1977, que se anule, como se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya que no sería admisible que en una democracia una ley pudiera bloquear una investigación sobre derechos humanos. A no ser que este sistema sea la fachada que envuelva unos poderes que tengan poco de democráticos.

Por ello hay que denunciar el ultraje a todas las víctimas del franquismo y a sus familiares que supone este juicio político, realizado para evitar que se investigue el franquismo y los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante este periodo. Es un juicio contra todos los que denunciamos que la Transición no fue ni mucho menos ejemplar y que en ella se apuntaló la impunidad de los criminales franquistas. Un juicio contra los que nos negamos a aceptar este régimen en el que se rinden tributos a un ministro de la dictadura y se persigue a un juez por querer investigar los crímenes del fascismo.

Luis Iglesias (@sexmero)

PRE-IR Tarragona

Manuel Fraga, un ciudadano poco ejemplar

Ante el insulto a la inteligencia y la manipulación mediática que estamos sufriendo raíz de la muerte de Manuel Fraga Iribarne en buena parte de los medios de comunicación, desde la dignidad de los que nos consideramos verdaderamente demócratas debemos recordar que Fraga fue ministro represor de un gobierno que firmó sentencias de muerte durante la dictadura, que fue defensor del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y de la dictadura fascista de Franco brazo en alto, y que difícilmente esta persona, con las manos manchadas de sangre, que nunca se ha arrepentido de su pasado fascista, y que tampoco ha sido juzgado por sus crímenes, puede representar ni merecer el menor asomo de dignidad ni homenaje.

El hecho que sea además uno de los autores de la actual constitución no es más que una prueba palpable de que el régimen monárquico actual es la clara continuación de la dictadura, que hoy en día todavía sigue exaltando sus verdugos, cosa del todo impensable en cualquier otro país con un pasado totalitario. 

Ramiro Gil Morel 

Cordinador General 

Partit Republicà d'Esquerra

¿Quién era Samaranch?

Ante la reciente muerte de Juan Antonio Samaranch y los actos de homenaje que se han sucedido, desde el PRE-IR queremos denunciar la campaña de benevolencia generalizada y de ensimismamiento con la figura del expresidente del COI, al que se está colmando de honores que opinamos que no corresponden a una persona con una biografía tan poblada de claroscuros.

Consideramos que su imagen se ha construido desde un premeditado olvido de su etapa menos conocida, como miembro de la Falange y Consejero Nacional del Movimiento durante la dictadura, así como desde el silenciamiento de sus prácticas autoritarias; además de su tolerancia con la corrupción, que afloraró durante su mandato en el organismo olímpico.

Una vez más, queda en evidencia el sesgo informativo que se impone desde muchos medios de comunicación, en especial desde los medios públicos, hacia personas de muy dudosa o nula consciencia democrática, tantas veces emparentados con el régimen franquista, pero que gozan de un estatus que los convierte en intocables y son venerados como “padre del olimpismo” o “el catalán más importante del siglo XX”; cuando su realidad es mucho más criticable y en las noticias provenientes de otros países se denuncia sin aspavientos.  



Más información: 
The Times: Si quiere entender la corrupción institucionalizada un buen lugar para comenzar es el Palacio de Lausana desde donde Samaranch dirigía el COI. 
L'Express: Samaranch cambió la divisa de Coubertain. Con él, lo importante era participar en los beneficios.

NY Times: Samaranch, un antiguo dirigente deportivo franquista, toleró cierto nivel de corrupción en el Comité Olímpico.
BBC: Samaranch dejó crecer un cáncer de corrupción y lujo en el COI.
La Stampa: Se ha llevado a la tumba su oscuro pasado con la camisa de la Falange.

Sydney Morning Herald: Con Samaranch, el COI fue sinónimo de amiguismo, clientelismo, escándalos, secretos y elitismo.

Kurier: El español estaba al servicio de los fascistas.

New Zealand Herald: Samaranch era autocrático e intolerante.

Wall Street Journal: Samaranch insistía en ser tratado de 'excelentísimo' y se envolvía de lujo.