La educación es un derecho universal y un bien público, al cual toda la ciudadanía tiene derecho a acceder y la administración tiene el deber de garantizar, en condiciones de calidad e igualdad. Además, hay consenso en nuestra sociedad sobre el hecho de que la educación, además de ser una necesidad para el progreso social, es la condición para hacer posible una sociedad cohesionada y justa, y para que eso sea posible la educación pública tiene que ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo y ha de garantizar su función social de ayudar a compensar desigualdades.
La enseñanza pública tiene que garantizar que todas las personas puedan estudiar y puedan aprender y, además, debe de ser democrático y gratuito para que no segregue a las personas ni por clase social, ni por género, ni por lengua, ni por creencias, ni por cultura.
No obstante, en estos momentos nos encontramos ante una grave situación de deterioro de la educación pública, de la mano del actual conseller Maragall, que justamente va en la dirección contraria: introducción de mecanismos de gestión privada, disminución del gasto y de los recursos para la educación pública y, por tanto, más desigualdad de oportunidades para el alumnado y menos cohesión social para Cataluña.
A partir de la aprobación de la nueva Ley de Educación de Cataluña (con el rechazo mayoritario del profesorado y de buena parte de la comunidad educativa), y con el argumento de la crisis, estamos asistiendo a un ataque sistemático contra la educación pública: recortes de la plantilla del profesorado, masificación de las aulas, sustituciones no cubiertas, cierre de grupos de bachillerato en barrios desfavorecidos, disminución de profesionales en los centros -veladores, técnicos de integración social, personal mediador y de traducción, etc-, disminución de las aulas de acogida, y plazas públicas insuficientes (con grandes listas de espera) en los ciclos formativos, en la educación de personas adultas y en las guarderías.
Junto a este recorte de recursos, asistimos también a un contínuo goteo de nuevos decretos que pretenden cambiar la organización democrática y participativa de los centros con tal de imponer un modelo de gestión que aleje al profesorado y al resto de la comunidad educativa de las decisiones pedagógicas, organizativas y de gestión económica de los centros públicos, y que de ninguna forma favorecerá a la buena marcha de los centros educativos ni ayudará a mejorar la calidad educativa.
Todo esto no solo nos está llevando a un retroceso de la educación pública, sino que también a un retroceso en las condiciones laborales del profesorado, al que se le hace responsable de las faltas y de los errores de la administración educativa. Finalmente se cambia, también sin consenso, el calendiario escolar, complicando aún más la difícil conciliación de la vida laboral y familiar, sobretodo de las clases con menor poder económico.
Ante todo esto, exigimos al gobierno de Cataluña:
• incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento de los centros públicos.
• Aumento de las plantillas en base a las necesidades reales de los centros.
• No efectuar el cierre de bachilleratos ni ciclos formativos públicos.
• No suprimir profesorado de los servicios educativos y de los CAEP.
• Sustituir desde el primer día al profesorado de baja.
• Disminuir el número de alumnos por aula, especialmente en los centros que escolarizan a alumnos con más dificultades.
• Aplicación de medidas contra la guetificación de los centros, aplicando una distribución no segregadora del alumnado.
• Abrir las puertas del sistema a las personas que están en el paro, con más formación profesional, formación que es básica para personas adultas, más líneas de bachillerato y más universidad.
• Apostar por la enseñanza de idiomas y la alfabetización digital.
• Detener la aplicación del nuevo calendario escolar.
•Un despliegue de la LEC que no desmonte la escuela pública, ni la organización democrática de los centros educativos. En este sentido, pedimos que se pare la publicación de los decretos sobre autonomía de centros y direcciones y que se abra una moratoria de un año para su negociación y debate social.
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