PRIMER EJE PROGRAMÁTICO: SUPERACIÓN DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO. RUPTURA CON LA TRANSICIÓN
Pero las medidas económicas no son exclusivamente la causa del descontento y de las crecientes protestas sociales. Hay también un claro componente político: la falta de democracia. Una gran mayoría de ciudadanos percibe con claridad que la democracia carece en nuestro país de contenido real. La muestra más reciente es la reforma constitucional acordada por el Partido Popular y el PSOE desoyendo las peticiones de celebración de un referéndum. Es evidente que la mayor parte de los políticos no sólo se han desentendido de la sociedad, sino que sus intereses son contradictorios con los de la mayoría de los ciudadanos. Los lemas que se corean en las manifestaciones –“Lo llaman democracia y no lo es” y “No, no nos representan”– reflejan ese divorcio entre la llamada clase política y la ciudadanía. Esta situación es extremadamente peligrosa porque el descrédito de los partidos y el rechazo de la política, difundidos de forma demagógica desde diversas instancias, abren la puerta al fascismo.
La crisis que atraviesa nuestro país no se debe exclusivamente a factores económicos de ámbito global; por el contrario, hunde sus raíces en la denominada Transición, el período que se extiende desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta la promulgación de la actual Constitución en 1978. Deformando los hechos históricos de manera sistemática, se ha construido una versión oficial idílica de los acontecimientos ocurridos durante estos años, con la finalidad de ensalzar la actual monarquía encarnada en la figura de Juan Carlos I. Presentada como un proceso pacífico y democrático, que demostró la madurez del pueblo español, en realidad la Transición consistió en un complejo proceso por el cual la oligarquía española logró imponer su modelo político, evitando una verdadera ruptura democrática con el franquismo. Una gran parte de las fuerzas de izquierda colaboraron en la maniobra, traicionando su propia historia, renunciando a la República e impidiendo que el pueblo español se pronunciara sobre la forma de régimen. Fue sin duda una gran estafa.
Bajo la fórmula del consenso, las instituciones franquistas desaparecieron formalmente, pero el aparato del estado de la dictadura quedó intacto. Los mismos jueces, militares y policías que organizaron y dirigieron la brutal represión contra la oposición antifranquista, siguieron en sus puestos e incluso fueron promocionados profesionalmente. Los crímenes del franquismo y sus protagonistas quedaron impunes, y buena muestra de ello son las miles de fosas comunes que no se han exhumado y donde yacen miles de republicanos asesinados por los rebeldes durante la guerra civil. Plazas, calles y monumentos siguen enalteciendo a los golpistas de 1936.
La transición culminó con una Constitución que consagraba la monarquía designada por Franco, el mayor asesino de la historia de España, además de asegurar posiciones de privilegio a la Iglesia Católica, y otorgar a las Fuerzas Armadas cometidos políticos incompatibles con la democracia.
La transición configuró un régimen político basado en la alternancia en el poder de dos partidos que coinciden en lo fundamental y difieren en cuestión de matices. Este bipartidismo PP-PSOE queda garantizado por una ley electoral que perjudica notoriamente al resto de las formaciones políticas de ámbito nacional. Los derechos sociales teóricamente garantizados en la Constitución han quedado en papel mojado, mientras la especulación y la corrupción han propiciado el enriquecimiento fácil de una parte considerable de la clase política.
La monarquía juancarlista se ha convertido en la clave de bóveda de un sistema político incapaz de solucionar los graves problemas de este país. La Constitución de 1978 garantiza los intereses de unos grupos oligárquicos incompatibles con las aspiraciones de las clases populares. El problema nacional, educativo, eclesiástico y fiscal, por citar sólo algunas cuestiones que precisan abordarse con urgencia, no tiene solución en el marco de la monarquía. La institución monárquica y su entramado constitucional constituyen un obstáculo que impide la regeneración política, la superación de la crisis y el ejercicio de una verdadera democracia. La Constitución del 78 deberá ser derogada.
Consideramos, por tanto, que es indispensable la superación de un modelo político completamente agotado. Para establecer una verdadera democracia política, económica y social, para recuperar la dignidad y la soberanía nacional, para erradicar la corrupción, es indispensable la proclamación de la III REPÚBLICA, una República Democrática de trabajadores de toda clase y Federal.
SEGUNDO EJE PROGRAMÁTICO: TRABAJAR POR UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TRABAJADORES DE TODA CLASE Y FEDERAL.
El 14 de abril de 1931 este país tuvo una oportunidad, la de modernizarse, incorporarse a Europa y romper con las trabas y obstáculos sociales, económicos y culturales que impedían su desarrollo. Esa oportunidad fue la II República, recibida con inmenso entusiasmo, alegría y esperanza por el pueblo español. Esa República implantó el voto femenino, separó la Iglesia del Estado, inició la reforma agraria y creó en solo dos años, entre 1931 y 1933, más escuelas primarias que en los treinta años anteriores de monarquía.
Hoy nos encontramos también en una coyuntura tan crítica como la de comienzos de los años treinta del pasado siglo. La devastadora crisis económica, con cinco millones de parados, y la quiebra del modelo político basado en dos partidos turnantes que responden a los intereses económicos de la oligarquía española y de los organismos económicos internacionales, hace urgente una alternativa política capaz de devolver la ilusión y la esperanza a los ciudadanos y colocar al país en la senda de un desarrollo económico sostenible y justo socialmente.
Esa alternativa es la III REPÚBLICA. Debemos trabajar y luchar por hacerla realidad, por difundir la idea republicana entre los ciudadanos que hoy se muestran indiferentes ante la forma de Estado. La República se convertirá en una realidad cuando amplias masas de ciudadanos entiendan que no se trata simplemente de un cambio de nombre. Porque la República a la que aspiramos no consiste en una modificación en la Jefatura del Estado, donde el rey es sustituido por un presidente. Es mucho más que eso. La República que defendemos será la expresión de un nuevo bloque social integrado por la clase obrera, pequeña burguesía, amplios sectores de las clases medias e intelectuales, capaz de articular un nuevo proyecto político y económico alternativo a la oligarquía.
La REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TRABAJADORES DE TODA CLASE Y FEDERAL es la fórmula jurídica y política que expresa la organización del nuevo Estado republicano. Una República de trabajadores, porque la organización de los poderes públicos y de la economía responderá a los intereses de ese nuevo bloque social popular. Y una República Federal, porque es el como marco que permitirá la convivencia y la satisfacción de las aspiraciones de las nacionalidades que componen el Estado español.
La República Democrática de Trabajadores y Federal establecerá nuevas formas de participación política para garantizar que la democracia se ejerce de forma efectiva y no sea, como ahora, un simple adorno teórico, efectuará transformaciones estructurales para alcanzar un desarrollo económico basado en un potente sector público y pondrá en marcha todas las medidas necesarias para asegurar la soberanía nacional. La República como estado que garantice los DDHH, sociales, laborales y políticos.
El camino hacia esa República no es sencillo, pero merece la pena recorrerlo para asegurar que esos “jóvenes sin futuro”, como ellos mismos se definen, dejen de serlo.
TERCER EJE PROGRAMÁTICO: PROGRAMA DE CHOQUE CONTRA LA CRISIS
Desde 2008 vivimos en una profunda crisis capitalista, fruto de la acumulación de burbujas especulativas; una crisis que, según confirman los datos económicos, lejos de remitir va a profundizarse en los próximos meses. Los gobiernos de las principales potencias económicas no han adoptado ninguna medida importante para amortiguar sus consecuencias sobre las clases trabajadoras; en el caso de Europa, han utilizado las instituciones de la Unión Europea para unificar, bajo la dirección de las potencias centrales del viejo continente (particularmente de Alemania y Francia), unas durísimas políticas de ajuste que han disparado el paro y la privatización de servicios públicos, han recortado derechos sociales y laborales e incrementado el endeudamiento de los estados en beneficio de las grandes entidades financieras.
En España, la situación es aún más grave a causa de la enorme burbuja inmobiliaria acumulada tras años de especulación desbocada y fomentada por los poderes públicos y las instituciones encargadas del control de la economía. Durante ese tiempo, la construcción alcanzó cotas irracionales de más de 800.000 nuevas viviendas al año, los precios se dispararon y, amparada en ese boom, se generó una espiral de especulación basada en el crédito fácil que aumentó de forma artificial el consumo, sin modificar el modelo económico, basado en los servicios no ligados a la producción y en el predominio de sectores de empleo mal pagado y precario. Ni bajo el gobierno de Aznar, ni bajo el de Zapatero, se hizo nada para sentar las bases de una economía sana, pero las grandes entidades financieras obtuvieron unos beneficios desorbitados a costa del endeudamiento de las familias.
Tras esa época “dorada” en la que, sin embargo, el reparto de la riqueza se desequilibró aún más en perjuicio de las rentas del trabajo (según datos de la OCDE, entre 1995 y 2005, España fue el único país de ese organismo en el que el salario medio se redujo un 0,4%, mientras los beneficios empresariales se disparaban hasta superar el 73%), esperaba un brusco despertar cuyas consecuencias sociales son demoledoras: el paro alcanza límites desconocidos: el 21% (el 43% entre los jóvenes), la precariedad amenaza con volver a corto plazo al 30% de los trabajadores (bajó un poco en plena crisis, porque fueron los trabajadores eventuales los primeros en ser despedidos), los salarios se han estancado o retroceden, el sistema público de pensiones ha sufrido un nuevo recorte, los desahucios se cuentan por decenas de miles, etc. Y las perspectivas futuras no son mejores. Se esperan nuevos y más duros ajustes, pero ningún responsable político o institucional está en condiciones de garantizar que el paro se reduzca sustancialmente en los próximos años.
Y sin embargo, quienes fomentaron o consintieron esa forma de actuar, quienes negaron contra toda evidencia la catástrofe que se avecinaba y de la que eran responsables directos, se ofrecen con el mayor descaro a encabezar la recuperación con las mismas políticas e idénticos principios que han probado ser ineficaces y profundamente injustos con la mayoría trabajadora, que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis. Estos tres últimos años, los mismos sectores minoritarios que provocaron la crisis con su actividad especuladora e improductiva y que han dictado las políticas que se aprueban en el Congreso o en los diversos parlamentos autonómicos: la oligarquía empresarial y financiera, formada por apenas 1.400 familias que controlan el 80% del PIB español, siguen beneficiándose de las políticas de apoyo del estado, a costa de un daño social insostenible.
A lo largo de estos años de crisis, la intervención de los distintos gobiernos (tanto el nacional como los autonómicos) ha ido dirigida a reducir el papel de lo público e imponer la supremacía de la iniciativa privada en todos los órdenes de la actividad económica, incluida la prestación de los servicios esenciales para los ciudadanos: sanidad, educación, transporte, energía, comunicaciones y atención a la dependencia. El discurso oficial ha exaltado el concepto de “emprendedor” y, consecuentemente, la política efectiva de los gobiernos nacional y autonómicos ha consistido en privatizar los servicios públicos, abriéndolos en condiciones muy ventajosas a las grandes empresas, generalmente las ligadas a la economía del ladrillo. Para los pequeños y medianos empresarios, el crédito sigue cerrado, lo que no les permite mantener abiertas fuentes de financiación para continuar su actividad, mientras el empleo público se degrada, lo que se traduce en un constante incremento del paro y de la precariedad.
Por otra parte, los poderes públicos han renunciado a la intervención del estado en la economía como garante del interés colectivo, pero sí han utilizado el poder del estado, consciente y activamente, para favorecer siempre a la gran empresa y a las entidades financieras, cuya actividad puede definirse como contraria al interés de la mayoría de la sociedad. Podemos, por tanto, afirmar que los poderes públicos y la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias no sólo no han cumplido con sus compromisos para con los ciudadanos y sus propios votantes, sino que han contribuido activamente a que la crisis se profundice y se agraven sus consecuencias sociales y políticas.
De esta política han participado también la inmensa mayoría de las fuerzas de izquierda presentes en el Parlamento, incluidas, por ejemplo, ICV, socio de IU en el congreso, y ERC, que formaron parte del Tripartito catalán, de la llamada “izquierda plural”: un ejecutivo que aplicó idénticas políticas reaccionarias que PP o PSOE en el resto del estado; o CiU en Cataluña, una vez este partido recuperó la presidencia de la Generalitat.
Nosotros consideramos que, para salir de la crisis, es imprescindible la intervención del Estado como representante del interés común; porque únicamente éste puede garantizar la prestación de los servicios esenciales, proteger a los sectores sociales más golpeados por la crisis y desarrollar planes para cambiar el modelo de producción, que favorezcan la industria y el sector público, garanticen empleo de más calidad y sienten las bases de un crecimiento económico sostenido y sostenible, no basado en la simple y pura especulación.
Y es imprescindible también que la política económica se oriente en un sentido de progreso, poniendo coto a la actividad antisocial y antieconómica del sector financiero, obligándole a facilitar el crédito necesario para acometer los planes que se precisen para orientar, en interés de la mayoría social, las políticas de choque contra la crisis. En definitiva, la izquierda debe comprometerse en aplicar una política contraria a la que han venido aplicando y que amenazan con seguir desarrollando los distintos gobiernos, nacional y autonómicos, que podemos calificar de neoliberal y reaccionaria.
El programa de choque contra la crisis que defenderá PRE-Republicanos recoge cuatro ejes de actuación:
- Medidas de apoyo y protección a las personas y familias más afectadas por la crisis.
- Cambio del modelo de desarrollo, fomento de la industria y los sectores productivos con mayor valor añadido y promoción de los servicios y del empleo públicos, y garantía de un mayor control social de la economía mediante la intervención del Estado. Modelo que apueste por la sostenibilidad y la recuperación medioambiental.
- Incremento de los recursos del estado, mediante una política fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen y reduzca la carga fiscal de las clases populares.
- Cambios en la estructura política y administrativa del Estado y en la política exterior, dirigidos a permitir la participación efectiva y directa de la ciudadanía e impedir la injerencia de organismos e instituciones ajenas al control de los ciudadanos. Medidas para garantizar una efectiva política de paz y defensa de los valores de progreso y solidaridad entre los pueblos.
- Medidas de apoyo y protección a las personas y familias más afectadas por la crisis
El paro, el endeudamiento masivo y las dificultades de millones de familias, no solo son algo socialmente injusto porque hace pagar las consecuencias de la crisis a quienes no son responsables de su surgimiento, sino también antieconómico; porque el paro, la degradación del empleo, la pérdida de renta, etc., reducen fuertemente la demanda, lo que contribuye a crear las condiciones para que la crisis se enquiste.
Este primer conjunto de medidas que proponemos para mejorar la protección de las personas, lejos de amenazar la recuperación económica, contribuirían a ella, al incrementar la demanda interna, además de mejorar la situación de millones de ciudadanos.
- Aumento del salario mínimo, hasta el 60% del salario medio.
- Derogación de la reforma del sistema de pensiones, manteniendo la edad de jubilación a los 65 años, estableciendo la jubilación a los 60 para sectores penosos o de riesgo: construcción, navegación, etc. Aumento de las pensiones contributivas y establecimiento de una pensión no contributiva para los sectores de renta baja que no hubieran cotizado el tiempo establecido, igual al salario mínimo; recuperación de la regulación, anterior a la reforma de 2007, de la jubilación parcial y del contrato de relevo, como forma de promoción del empleo.
- Incrementar el periodo de percepción y la cuantía del subsidio de paro; derogación de la reforma laboral impuesta en septiembre de 2010, prohibición por ley de la intermediación de agencias privadas de empleo, prohibición de las ETT y refuerzo de la plantilla del INEM y de sus competencias en la búsqueda de empleo. Trasporte público gratuito para los parados y sus familias (esta medida, vigente en países como Francia, es perfectamente factible desde el punto de vista técnico, como ha demostrado la decisión adoptada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de subvencionar el 80% de los billetes de transporte de los participantes en la reciente JMJ); gratuidad de matrículas y gastos de gestión administrativa ordinaria para los parados y sus familias.
- Prohibición de los desahucios cuando la hipoteca pese sobre la vivienda en la que reside el afectado; establecimiento de la dación en pago como causa de resolución del contrato de hipoteca (esta modalidad ya se aplica en numerosos países: EEUU, Francia, etc., y resulta más razonable que el mantenimiento íntegro de la deuda hipotecaria con el banco si éste no logra vender la vivienda al precio que él mismo tasó en su día al suscribirla); suspensión del pago de la hipoteca a los parados, sin incremento de los intereses de demora, mientras dure su situación.
- Medidas contra la especulación inmobiliaria y para la promoción del alquiler público: establecimiento de un impuesto progresivo y creciente sobre las viviendas vacías y el suelo urbanizable, para forzar su salida al mercado de alquiler; legislación contra la especulación, estableciendo tipos penales que persigan la utilización de testaferros para ocultar la propiedad real de los inmuebles y las manipulaciones dirigidas a alterar el precio y la naturaleza jurídica del suelo, etc.
- Creación de un parque público de alquiler: para ello se comprará, a los precios establecidos en el catastro, las viviendas propiedad en stock de las entidades financieras que hayan recibido fondos del Estado para garantizar su liquidez y, en su caso, se procederá a construir sobre suelo de titularidad pública viviendas de protección oficial, potenciando la constitución de cooperativas por entidades y organizaciones sociales.
- Establecer un sistema de fijación de precios por el Estado, en los sectores de la energía (el coste de la electricidad para los usuarios, por ejemplo, ha crecido un 10% este año y los combustibles no han bajado de precio en el grado en que lo ha hecho el petróleo); transporte (en Madrid, por ejemplo, el precio del billete ordinario de metro subió, en verano, un 50% de una sola vez); y alimentos de primera necesidad (son reiteradas las denuncias de los productores sobre la diferencia entre el precio de los productos agrícolas y pecuarios en origen y en el mercado, que puede ser diez veces superior).
- Cambio del modelo de desarrollo, fomento de la industria y los sectores productivos con mayor valor añadido y promoción de los servicios y del empleo públicos, y garantía de un mayor control social de la economía mediante la intervención del Estado. Modelo que apueste por la sostenibilidad y la recuperación medioambiental.
La dureza de la crisis que castiga a las clases trabajadoras españolas tiene su origen en un modelo económico en el que han primado los servicios no ligados a la producción; un sector económico basado en el empleo mal pagado y con pocos derechos. El tejido industrial español ha sido diezmado: primero fue el cumplimiento de las exigencias del núcleo central de la Unión Europea (entonces CEE), que provocó la desindustrialización de mediados de los ochenta; desde entonces, no ha existido una política industrial seria (fue tristemente famosa la frase del ministro de Industria que capitaneó aquella desindustrialización: «la mejor política industrial es la que no existe»), de modo que sectores enteros, como el del automóvil, están en manos de empresas transnacionales extranjeras.
De hecho, entre 1985 y 2005, el sector industrial ha pasado de representar el 24,6% al 17,7% del empleo, y del 28% al 17,7% en términos de PIB; mientras que la construcción casi duplicó su peso, del 7,5% al 12,4%
Por otra parte, el tejido productivo español está muy atomizado en pequeñas y medianas empresas: las pymes (empresas de menos de 250 trabajadores) son en España el 99,8% del total de 3.287.370 empresas censadas. De ellas, el 53,9% son empresas sin asalariados y el 41,4% son microempresas. Es decir, más del 95% de las empresas tienen menos de diez trabajadores.
Esta dispersión, la falta de planes para concentrar la producción y ayudar a las pymes, el cierre del crédito y la dispersión que todo ello conlleva, es un lastre para el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo en el sector industrial, que es la base de él. La dependencia de las grandes empresas que planifican en función de su objetivo de maximizar el beneficio, fomentando la subcontratación y la competencia entre las empresas, está provocando la ruina de muchísimos pequeños empresarios.
El portavoz del PP, en el colmo del descaro, metido en plena campaña preelectoral, ha prometido la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo y, para ello, asegura que se necesita un millón de “emprendedores” (la cínica denominación del microempresario). Estas declaraciones, luego desmentidas, son una prueba del poco respeto que tienen a los ciudadanos y de la orientación reaccionaria de sus políticas: en lugar de establecer planes de fomento del trabajo cooperativo, controlar las irregularidades de las grandes compañías en la subcontratación de servicios, garantizar los plazos de cobro y asegurar la fluidez del crédito, entre otras medidas, estos politicastros venden humo, en forma de propuestas que únicamente agravarían la actual dispersión del tejido productivo español; claro que hacer una política de ayuda real a las pymes les enfrentaría a los grandes empresarios y financieros, que son quienes de verdad controlan la política en España.
En cualquier caso, la simple lógica nos dice que si, como ocurre en España, la inversión privada se desploma, el crédito a pymes y familias está cortado y el consumo cae, como consecuencia del paro masivo y el endeudamiento de las familias españolas (el endeudamiento privado superaba en marzo de 2010 el 122% del PIB), la actividad económica no se recuperará sin la intervención del Estado.
La intervención del estado es, pues, determinante para encarar un programa de choque que permita salir de la crisis y cambiar el modelo productivo en un sentido de progreso, aumentando el peso de la industria, de los servicios públicos y en general de los sectores que garantizan mayor valor añadido, más y mejor empleo. La pyme carece del peso para encarar planes de desarrollo de la producción, que requieren en muchas ocasiones economías de escala, o precisan de infraestructuras y servicios que sólo el poder público está en condiciones de asegurar.
Y es que una de las ofensivas del régimen va dirigida a rebajar el valor de lo público en todos los terrenos: desde la solidaridad entre los ciudadanos, hasta la actividad económica nacional. La privatización de servicios y el desinterés absoluto del estado en el fomento y desarrollo económico se justifica con la falsedad de una supuesta mayor eficacia de la iniciativa privada, cuando las cifras prueban que, en un país como España, donde la intervención del estado es casi nula, las consecuencias de la crisis son mucho más graves.
PRE-Republicanos proponemos:
- Creación de una banca pública y control por el estado de la gestión y el uso de los recursos de las entidades financieras privadas que hayan recibido fondos públicos, para garantizar el crédito a pymes y familias.
- Control por el Estado de la actividad de los principales sectores económicos: industria, energía, trasporte, etc., estableciendo objetivos, criterios y medios para garantizar el desarrollo armónico de la economía: plan de industrialización con el fomento del cooperativismo; creación y supervisión pública de polígonos y redes industriales que generen las sinergias para mejorar la producción de las pymes.
- Creación de un sector público industrial en los sectores estratégicos: energía, siderurgia, naval, automóvil, etc.
- Elaboración de planes para controlar la actividad de las trasnacionales, evitando las deslocalizaciones y el aprovechamiento fraudulento de las ayudas públicas.
- Prohibición de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas con beneficios; control exhaustivo de los ERE solicitados, con objeto de garantizar el mantenimiento del empleo; derogación de las reformas en la tramitación de los ERE que dificultan el control estatal. Recuperación del carácter de deudas preferentes de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores, en los Concursos.
- Desarrollo de medidas para el control de la especulación sobre los precios, fijación de precios en energía, transporte, comunicaciones, agua y alimentos de primera necesidad.
- Establecimiento por ley de la jornada laboral de 35 h semanales, sin reducción salarial, para fomentar el empleo. Salario mínimo del 60% del salario medio.
- Profunda reforma agraria que haga efectiva la utilización productiva de las tierras a favor de los campesinos y jornaleros.
- Plan de transición energética y medioambiental.
Según numerosos estudios técnicos, comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales, como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos, estas últimas son las que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1,2 millones en los servicios del estado de bienestar. Las inversiones que crean 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, y 17 en industrias verdes, crean 23 puestos de trabajo en sectores sociales.
España, sin embargo, es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleos públicos (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 en Francia, 17 en Dinamarca y 12 en Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica. Por esta razón, es preciso reforzar la creación de empleo público, como medio de asegurar un empleo con derechos y de desarrollar la protección social a la ciudadanía.
Planes para el desarrollo de los servicios y el fomento del empleo público. Entre otras medidas:
- La sanidad, la educación, la cultura, el agua son bienes y derechos comunes al servicio de todos, por lo que deben ser de propiedad y gestión 100% públicos, como condición necesaria para garantizar su calidad social. Paralización de los procesos de privatización de bienes y servicios. Retorno al sector público, bajo control social, de los ya privatizados. Derogación de la ley 15/97, que legaliza las formas privadas de gestión sanitaria.
- Se fomentará la inversión en Escuelas infantiles y la creación de un servicio público que atienda las necesidades de atención a las personas dependientes (de ese modo, se facilita la incorporación de la mujer al mercado de trabajo), hospitales, centros de salud y de día, etc.
- En lo que respecta aeducación y cultura, PRE-REPUBLICANOS considera que la educación pública, laica y gratuita es el instrumento que asegura la igualdad de oportunidades de toda la población, contribuyendo decisivamente a la consecución de la justicia social y a la formación de ciudadanos con capacidad crítica, conscientes de sus deberes y derechos; constituye, por lo tanto, el fundamento del desarrollo material, cultural y económico de un país.
En consecuencia proponemos, entre otras medidas que serán acordadas con las organizaciones sociales y sindicales que representan a la comunidad educativa:
- La red pública de enseñanza constituye la columna vertebral del sistema educativo y el Estado dedicará a su financiación al menos el 6% del PIB.
- Supresión de la enseñanza concertada, articulando las medidas necesarias para que los profesores de esa red se integren en la enseñanza pública.
- Revisión de los planes de estudio en la enseñanza Primaria y Secundaria, reforzando el horario de aquellas asignaturas fundamentales en la formación de los alumnos.
- Derogación del Plan Bolonia en los estudios universitarios. La Universidad es un servicio público que debe contribuir decisivamente al desarrollo del país, pero de ningún modo convertirse en un apéndice de la empresa.
- La enseñanza será laica, gratuita y democrática en todas sus etapas.
- Desarrollo de una política cultural que garantice que los medios de comunicación públicos estén al servicio de la ciudadanía y que favorezca la creación artística, cultural, etc.
- Creación de empleo público suficiente para afrontar las necesidades en materia de educación y sanidad, estableciendo por ley la cobertura de vacantes anual y reponiendo de inmediato las plantillas congeladas. En los servicios públicos se afrontarán planes para reducir drásticamente la contratación eventual, mediante las oportunas Ofertas de Empleo Público.
- Incremento de los recursos del estado, mediante una política fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen y reduzca la carga fiscal de las clases populares.
Los gobiernos del PSOE, PP, CiU, CC y UPN argumentan que sus durísimos planes de ajuste tienen como objetivo hacer frente al endeudamiento del Estado. Pero lo cierto es que, en España, el problema viene realmente del endeudamiento privado (de las entidades financieras, empresas y familias) y no del público, y tiene su origen en la espiral de especulación inmobiliaria que se desarrolló durante años, estimulada por los poderes públicos.
Hoy en día, la deuda pública española es del 75% del PIB, por lo que no es de las más altas de Europa; pero la deuda privada es la más elevada con diferencia: en marzo de 2010, por ejemplo, cuando la deuda pública era del 62,5% (en Grecia estaba entonces en el 124%), las estimaciones más bajas e incompletas establecían la deuda de los bancos, sólo en activos financieros, en 320.000 millones de euros y el total de la deuda privada en el 122% del PIB; es decir, muy por encima del endeudamiento público.
Los políticos del régimen hablan mucho de fomentar la pequeña y mediana industria (lo que ellos llaman “emprendedores”); pero lo cierto es que se consiente que las entidades financieras mantengan cerrado el crédito, lo que ahoga la economía de los pequeños empresarios y de las familias, que no pueden invertir ni incrementar su gasto, por lo que la economía nacional se hunde más y más en un pozo de recesión, sin salida de seguir la política actual.
Insistimos en que las ingentes cantidades de dinero público que han recibido los bancos y cajas las han gastado no en cumplir su función social: movilizar el ahorro privado hacia la inversión a través del crédito, sino en sanear sus cuentas, contaminadas por las inversiones especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y en seguir especulando con todo tipo de instrumentos financieros, incluida la deuda pública generada para poder dotarles de liquidez (algunas de las grandes fortunas españolas, como Alicia Koplowitz, la familia del Pino, dueña de Ferrovial y Manuel Jove, primer accionista del BBVA, están invirtiendo parte del dinero prestado por el Estado para adquirir deuda de las CCAA, con el objetivo de lograr una rentabilidad del 6%, como denunciaba recientemente un diario).
Resumiendo, la política económica debería ir destinada a activar la economía; pero si todas las medidas que se adoptan se dirigen, como hasta ahora, a recortar el gasto público, lo que se genera es más paro, menos crédito, menos inversión pública y, por lo tanto, menor actividad económica. Es decir, los recortes de gasto público no hacen sino agudizar el problema de solvencia del Estado.
Para encarar el coste de las medidas necesarias para cambiar el modelo económico, se necesita más dinero para inversiones y gastos sociales, para empleo público y prestaciones sociales, etc. Y para conseguir ese dinero hay únicamente dos vías: recortar el gasto para «dar confianza a los mercados» y pedir a los especuladores que compren deuda española, o aumentar los ingresos.
La primera la siguen a pies juntillas los partidos que controlan las instituciones (PSOE, PP, CiU, CC, PNV, etc., que, desde hace más de un año, se han lanzado a una competición de recortes del gasto público cada vez mas alocada).
Pero hay otro camino más racional y menos costoso socialmente: aumentar los ingresos públicos, con medidas fiscales de carácter progresista, que hagan pagar más a quien más tiene. Un camino que exige determinación y compromiso políticos para poner en su sitio a la minoría de grandes empresarios que quieren seguir explotando en su provecho la situación de crisis. Esas 1.400 familias que controlan el 80% de la riqueza que produce el país forman el núcleo de poder real en España, se reúnen habitualmente con Zapatero, Rajoy y Mas al margen del control democrático y les dictan su política.
Los distintos gobiernos nacionales de la monarquía no han asumido el compromiso político necesario para meter en cintura a una minoría de parásitos antisociales, que se han hecho de oro incrementando los desequilibrios de la economía española y quieren seguir ganando ahora. Tanto el gobierno de Aznar, como el de Zapatero, no han hecho sino reducir los impuestos a los ricos, establecer incentivos a las inversiones especulativas y consentir un fraude fiscal generalizado. Veamos algunos datos:
Según la estimación de la propia Fundación de las Cajas de Ahorros, la economía sumergida (actividades económicas que escapan al control del estado y, por tanto, no pagan impuestos ni tasas), incluyendo el fraude laboral, equivale al 22,8% del PIB (a pesar de la evidente dificultad de establecer una cifra exacta, muchas otras fuentes amplían este dato hasta el 25 e incluso el 30% del PIB). Esto son 89.000 millones de euros; de esta cifra, el fraude fiscal en España se acerca a los 60.000 millones de euros y el fraude laboral es la mitad: 30.000 millones de euros.
89.000 millones son ¡23.000 millones más de los que obtiene el Estado del impuesto de la renta y mucho más de lo que el Gobierno quiere ahorrar con sus planes de ajuste!
El fraude fiscal alcanza en España cotas elevadísimas; y quienes más defraudan son precisamente las grandes empresas y los más ricos: según denuncia de los propios técnicos de Hacienda, la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas bolsas de fraude en España,un porcentaje de fraude de las grandes empresas y fortunas que es tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos.
Las sucesivas reformas fiscales han ido dirigidas a rebajar las cotizaciones de los empresarios y de las grandes fortunas, reducir el peso de los impuestos directos, que gravan según la renta (más a quien más tiene) y establecer un enmarañado sistema de desgravaciones, incentivos y beneficios fiscales que les permite rebajar la cuota efectiva que pagan a Hacienda, hasta límites verdaderamente ridículos.
El año pasado, sin embargo, se subió el IVA, un impuesto que grava el consumo y pagamos todos por igual, cualquiera que sea nuestra renta, del 16% al 18%, con lo que empeoró la situación de las familias españolas, que vieron un 2% más caros los productos, de la noche a la mañana. Los economistas a sueldo de la gran empresa presionan para que se aumente aún más este impuesto al consumo (recordemos que, en Grecia, es del 23% en la actualidad)
De los impuestos directos, el Impuesto sobre la Renta ha sufrido reformas que limitan su progresividad (gracias a los tramos de la renta, se adapta progresivamente la cuota a pagar a la renta que se percibe). Tras las de 1996, 1998 y 2002, por ejemplo, el tipo máximo marginal (el que se aplica a las mayores rentas) pasó del 56% al 48%. Hoy, es el 43%. Es decir, las sucesivas reformas han favorecido a quienes más tienen, reduciendo en trece puntos el tipo de gravamen que deben pagar.
Además, se redujeron sucesivamente los tramos y se garantiza un trato de favor a las rentas del capital (el 18%), que son las que perciben principalmente las grandes fortunas.
El Impuesto de Sociedades es otro de los impuestos directos que grava, en este caso, el beneficio de las empresas. Aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo que pagan las grandes empresas es mucho menor, gracias a sus servicios legales especializados, que les permiten aprovechar al máximo las ventajas fiscales como la libertad de amortización, las fusiones, las escisiones o las entidades de tenencia de valores extranjeros.
Según los datos aportados por el sindicato de técnicos de Hacienda, relativos al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos, y las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.
El informe de la Agencia Tributaria de este año, correspondiente al ejercicio de 2010, es aún más concluyente sobre el fraude fiscal generalizado en el impuesto de Sociedades: las empresas pagan en impuestos solo el 10% de sus beneficios, de forma que el erario público obtuvo en 2010, por las sociedades, la cuarta parte de lo que recibió por las familias. Y no han hecho nada para corregir esta situación vergonzosa.
En este impuesto hay, además, un tipo particularmente ridículo: las rentas procedentes de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que pagan ¡el 1%! Es precisamente a través de estas sociedades donde se resguardan las grandes fortunas.
En 2008 Zapatero, con el beneplácito del PP, que venía pidiéndolo desde antes, eliminó el Impuesto de Patrimonio, que recaudó en 2007 (último año de vigencia) 2.100 millones de euros.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación está cedida a las CCAA, está prácticamente eliminado, pues las exenciones que establecen éstas llegan, como es el caso de Madrid, al 99%.
Es decir, que si juntamos el fraude fiscal y las rebajas fiscales a las rentas más altas, veremos que el Estado deja de ingresar una cantidad astronómica de dinero, escamoteado principalmente, como han denunciado los propios técnicos de hacienda, por las grandes empresas, entidades financieras y fortunas españolas. Una cantidad que puede superar los 100.000 millones de euros.
No existe, por otra parte, ningún impuesto que grave a las grandes fortunas, ni las operaciones de capital a corto plazo (compraventas de activos financieros que a veces no duran ni un día), que tienen un carácter altamente especulativo y son la causa de muchas de las presiones sobre la deuda.
Es cierto que también debe reorientarse alguno de los gastos del Estado, pero no para perjudicar los servicios sociales y la inversión pública. En lo que hace a otros gastos del Estado habría que recortar, entre otros: los gastos de la Casa Real, estableciendo el control fiscal y presupuestario de todas sus cuentas; las operaciones militares en el extranjero (la participación de tropas españolas en la agresión de la OTAN contra Libia, por ejemplo, ha costado al erario público, entre febrero y agosto de este año, más de 72 millones de euros); las subvenciones a las confesiones religiosas, particularmente la Iglesia Católica que, si sumamos la subvención a la Conferencia Episcopal (más de 200 millones), a diversas fundaciones católicas (Cáritas, Manos Unidas, etc.), los sueldos de los profesores de religión, capellanes castrenses, sacerdotes destinados en prisiones y centros hospitalarios, exenciones fiscales (está exenta del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo, y, hasta hace unos meses, del IVA), mantenimiento del patrimonio histórico y monumental y los conciertos educativos y sanitarios con entidades católicas (las órdenes religiosas controlan cerca del 85% de los colegios concertados), superan los 5.000 millones de euros anuales (algunos organismos hablan de hasta 10.000 millones, aunque este extremo es algo muy difícil de comprobar, dado que las cuentas de la Iglesia Católica no son controladas por el Estado); también habría que recortar drásticamente otros muchos gastos de las diversas administraciones nacional, autonómicas y locales que se han aprobado con fines propagandísticos, o no están justificados: como botón de muestra, diremos que la Comunidad de Madrid gasta anualmente ¡161 millones de euros! en publicidad y propaganda institucional; las diversas candidaturas olímpicas de Madrid son otro ejemplo; pero hay más: CCOO denunció en octubre de 2010 que el gobierno de Esperanza Aguirre tenía en nómina 1.521 personas entre asesores, Jefes de Gabinete, responsables de prensa y altos cargos.
Como vemos, es imprescindible una política de racionalización del gasto y, sobre todo, una profunda reforma fiscal. Estas son algunas de las medidas que proponemos:
Profunda reforma fiscal:
- Refuerzo de la progresividad del Impuesto sobre la Renta, recuperando los tramos eliminados, elevando hasta el 56% el tipo máximo marginal e igualando el tratamiento dado a las rentas de capital.
- Aumento del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, eliminación del sistema de desgravaciones, incentivos y beneficios fiscales a las grandes empresas, desaparición de las SICAV.
- Lucha decidida contra el fraude fiscal, aumentando la platilla de inspectores y orientando su actuación hacia la persecución del fraude de las grandes empresas y fortunas.
- Recuperación del Impuesto de Patrimonio, reforzando su progresividad.
- Recuperación de la efectividad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando las exenciones injustificadas y mejorando su progresividad.
- Establecimiento de un impuesto especial para las grandes fortunas.
- Establecimiento de un impuesto a las operaciones de capital a corto plazo.
Reducción de gastos innecesarios del Estado:
- Derogación del Concordato con el Vaticano, estableciendo el control fiscal y presupuestario de todas sus cuentas por el estado. Eliminación de las subvenciones a las confesiones religiosas, incluidas sus fundaciones e instituciones. Fin al pago por el Estado de la formación religiosa y prestación de los servicios religiosos.
- Retirada inmediata de las tropas y fuerzas militares españolas destacadas en el extranjero. Reordenación y control del gasto público. Limitación drástica de los asesores de los cargos públicos, dado que existe una plantilla de funcionarios profesionales que pueden hacer frente a esa tarea. Derogación de la legislación que permite consolidar el grado de los funcionarios designados para el ejercicio de cargos públicos o puestos de confianza.
- Cambios en la estructura política y administrativa del Estado y en la política exterior, dirigidos a permitir la participación efectiva y directa de la ciudadanía e impedir la injerencia de organismos e instituciones ajenas al control de los ciudadanos. Medidas para garantizar una efectiva política de paz y defensa de los valores de progreso y solidaridad entre los pueblos.
La federación Republicanos tiene como uno de sus ejes programáticos la superación democrática de la monarquía continuista y la instauración de una república Popular y Federal que garantice un marco de convivencia política.
- PRE-R considera que la actual Constitución monárquica de 1978 no cubre las expectativas de una sociedad verdaderamente democrática, en la que los derechos y libertades del ciudadano estén debidamente asegurados. En tanto no se den las condiciones necesarias para la elección de una Asamblea Constituyente que debata y elabore una nueva Constitución Republicana verdaderamente representativa de los anhelos de progreso de los ciudadanos y los pueblos de España, defenderátodas las iniciativas dirigidas a este objetivo y a resaltar las limitaciones de la Constitución actual, reclamando, entre otras medidas:
- La libre elección de todos los cargos de representación del Estado y su responsabilidad jurídica en caso de incumplir sus obligaciones legales o políticas (lo que exige la derogación del Título Primero de la Constitución actual, que establece el carácter hereditario de la Jefatura del Estado y su irresponsabilidad penal).
- La celebración de referendos decisorios sobre aquellos temas de interés general para la ciudadanía (actualmente impedida por la Constitución, que establece el carácter consultivo de los referendos).
- El derecho a la autodeterminación de los pueblos del estado español y a la constitución de un estado federal; la supremacía del poder civil sobre el militar; la supeditación de los tratados internacionales suscritos a la legislación constitucional, en todo momento; la laicidad y la completa separación entre la Iglesia y el Estado, derogación del concordato del 79 (todas estas reivindicaciones y otras están prohibidas expresamente por el texto de 1978).
- El reconocimiento del carácter subjetivo de los derechos sociales y de su tutela efectiva por los tribunales.
- Una legislación electoral que garantice el carácter democrático de las elecciones, contemplando entre otras medidas: reconocimiento del voto y proporcionalidad; circunscripción única; eliminación de las actuales listas cerradas y bloqueadas por los partidos, para asegurar la posibilidad de optar por los candidatos que los electores consideren más idóneos. Establecimiento de un tipo penal que castigue el incumplimiento sistemático del programa electoral y el transfuguismo; establecimiento de mecanismos para la derogación de representantes electos que incumplan sus compromisos electorales.
- La organización territorial de las Fuerzas Armadas se ajustará a la nueva configuración del Estado.
- Asimismo, PRE-Republicanos defenderá: la inmediata salida de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); el fin de la intervención de tropas españolas en operaciones militares fuera de nuestras fronteras y el regreso inmediato de todas las tropas destinadas en ellas; el cierre de todas las instalaciones militares en suelo español que acojan tropas extranjeras o se encuentren bajo el mando de militares o la cobertura de instituciones militares extranjeras (Rota, Morón, etc.); la denuncia inmediata de todos los tratados internacionales que contengan cláusulas secretas, o permitan el tránsito por territorio español de armas, tropas o equipamiento militar extranjero y el uso de suelo español para su estacionamiento fijo o temporal.
La política exterior se guiará en todo momento por los principios de paz y solidaridad entre los pueblos.
- La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, en 1986, vino precedida por un duro proceso de reestructuración industrial que supuso la destrucción de una parte importante de sectores estratégicos, como el siderúrgico y naval, y el deterioro consiguiente de la economía nacional, al agudizarse los desequilibrios estructurales de ésta. Desde entonces, un largo proceso de acuerdos internacionales: Maastricht, Niza, Lisboa, etc., suscritos sin refrendo de la ciudadanía (únicamente en 2005 se celebró un referéndum sobre el tratado de Constitución de la UE, cuyas garantías democráticas fueron mínimas y que el régimen consideró legítimo, a pesar de que en él participó menos de la mitad de los electores), ha ido cediendo cuotas importantes de soberanía a favor de organismos e instituciones de muy reducido o nulo carácter democrático.
En la actualidad, España pertenece a la Unión Europea, de cuya zona euro forma parte. Paulatinamente, la Unión Europea ha venido siendo utilizada no como organización de coordinación y extensión de las políticas fiscales y garantía de los derechos laborales y sociales de los europeos, sino como una organización dirigida a coordinar los planes de recorte de los gobiernos de la Unión, al servicio de la gran empresa y de las instituciones financieras.
Las únicas Instituciones de la Unión Europea que disponen de la iniciativa para proponer y desarrollar leyes y directivas (Comisión Europea y Consejos de Ministros, principalmente) no han sido elegidos por los ciudadanos y se han constituido en los principales culpables de la lamentable situación actual de buena parte de las economías europeas. El denominado eje franco-alemán impone sus criterios. Cada vez en mayor medida la Unión Europea, lejos de ser la solución para los problemas económicos que aquejan a las economías periféricas, se constituye en una de sus principales causas, pues impone una política agraria común seriamente restrictiva con la producción agropecuaria y pesquera; impide la intervención del estado en ayuda de los sectores estratégicos de la economía, supedita ésta a los intereses de las potencias centrales de la Unión, agrava el problema de la deuda al exigir la disciplina financiera respecto del Banco central Europeo, claramente sujeto a la dirección del Gobierno alemán, etc. La Europa de los pueblos que todos anhelamos se ha convertido en una Europa del Capital y de la Guerra que contribuye a asfixiar nuestra economía y nos debilita frente a los avatares de la crisis económica.
En el momento actual, parece obvio que la salida de España de la zona euro, o su desvinculación de la Unión Europea, pueden provocar un serio problema económico, por cuanto obligaría a recuperar la moneda nacional y establecer los mecanismos de corrección necesarios (devaluación monetaria, en su caso, declaración de suspensión de pagos, etc.) para estabilizar a medio plazo la situación financiera de nuestro país; pero continuar sujetos a un organismo que, lejos de asegurar una política de progreso y desarrollo común, está suponiendo un lastre cada vez más pesado para implementar una salida a la crisis que no suponga la destrucción de las conquistas sociales alcanzadas por los ciudadanos españoles, únicamente va a empeorar los problemas. En cualquier caso, la irracional obcecación de la oligarquía europea, empeñada en ceder a las instituciones antidemocráticas de la UE la coordinación de los planes contra los ciudadanos, al tiempo que se niegan en redondo a cualquier posibilidad de unificación progresista de la política común, todo para salvaguardar sus intereses nacionales, está contribuyendo de una forma particular al hundimiento de las economías periféricas.
Por todos estos motivos, PRE-Republicanos plantea:
- La auténtica democratización de la Unión Europea, lo que conlleva, entre otras medidas: la desaparición de organismos como la Comisión Europea y el Consejo de Ministros que, sin ser elegidos por los ciudadanos, tienen la iniciativa legislativa; la unificación de las políticas fiscal y económica, en torno a criterios de desarrollo y promoción de los derechos sociales y laborales y la garantía de las libertades políticas y de participación de los ciudadanos. NO QUEREMOS MÁS EUROPA. QUEREMOS OTRA EUROPA, solidaria, agente de paz, defensora de los derechos y libertades; una Europa de los Pueblos y no del gran capital.
- En tanto no sea posible avanzar hacia la configuración de una Europa de los pueblos, proponemos la renegociación de los términos de nuestra adhesión a los distintos tratados de la Unión, incluidos los que configuran la zona euro, para garantizar la soberanía respecto de la política a aplicar para garantizar un desarrollo económico armónico y equilibrado. Y, en su caso, la salida de España de la zona euro y la recuperación de la soberanía en la aplicación de los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar una política laboral, económica y social acorde con los anhelos de progreso de los ciudadanos.
CUARTO EJE PROGRAMÁTICO: REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Junto con la crisis económica, que parece no tener fecha de solución, la ciudadanía se muestra desposeída de voz, opinión y capacidad de incidir en la política. Nos hemos visto transformados en mercancías bajo el amparo de un sistema político que liga nuestro bienestar al designio de los «mercados».
Bajo una monarquía parlamentaria, deciden soberanamente nuestro destino sin contar con la opinión de los que dicen que velan por sus intereses: las personas. La reciente propuesta de reforma constitucional es un claro ejemplo de hasta qué punto la democracia es una palabra sin significado en los principales grupos políticos.
- Ley Electoral
Cuando en España se volvió a introducir el voto en 1977, se hizo de tal forma que no escapara de las manos de los actuales partidos. Se impidió que el ciudadano pudiera elegir a la persona a quien confiaba su representación en la cámara de diputados. Únicamente se dio la posibilidad de elegir entre una u otra lista cerrada y bloqueada, se le imposibilitó elegir a la persona de su preferencia. Esta situación tiene varias y nefastas consecuencias para el ejercicio de la democracia, pues si ningún ciudadano puede elegir a su diputado, tampoco lo puede controlar y ningún diputado tiene electores específicos ante los que responder en caso de necesidad. También como consecuencia de las listas cerradas, los diputados acceden al Parlamento gracias al designio de su jefe; a partir de ese momento, su preocupación es contentar a su líder, pues de su buen hacer en esta labor dependerá su futuro político. De esta forma, los ciudadanos son un referente ocasional al que se aproxima con motivo de los comicios. Un buen ejemplo de esta afirmación son algunas de las declaraciones de Rubalcaba, criticando la política de su partido en el momento en el que no tiene que depender de nadie para ir en ninguna lista.
Otra medida para consolidar el bipartidismo es la de no poner techo de gasto ni control eficaz a los gastos electorales. Actualmente, este marketing es costeado a cargo de los presupuestos del estado y aportaciones clandestinas de empresas que obtienen favores a cambio.
Actualmente no existe en España un sistema de representación proporcional. Se favorece la conformación de mayorías absolutas, que reducen el pluralismo en la dirección del estado y disminuyen la representación parlamentaria de otras opciones electorales.
Por lo tanto, tenemos una ley electoral con listas cerradas y bloqueadas, sobrerrepresentación de las provincias rurales menos pobladas y tradicionalmente conservadoras, en detrimento de las de mayor concentración industrial y urbana.
Fruto de estas técnicas han sido un Parlamento y unos partidos distanciados y desacreditados, corruptos ideológica, política y económicamente, con nula capacidad de renovación y de evolucionar acorde a las demandas de la sociedad.
Por todo ello, PRE-R se compromete a llevar a cabo las siguientes medidas para regenerar la democracia desde el punto de vista de la ley electoral:
- Reforma electoral en base a proporcionalidad y listas abiertas.
- Poner límite al gasto electoral.
- Responsabilidades de los cargos electos
El mal ejercicio de las responsabilidades de los políticos durante tanto tiempo ha conseguido el efecto deseado por el sistema: provocar un distanciamiento creciente de la sociedad respecto del sistema político, de forma que no participe de forma activa en la vida política, requisito imprescindible para hacer de las personas ciudadanos con capacidad de crítica.
PRE-Republicanos considera que el ocupar un sillón parlamentario no es un cheque en blanco para actuar conforme a la conveniencia de su ocupante, por lo que proponemos las siguientes medidas:
- Responsabilidades políticas: denunciar prácticas de abuso y arbitrariedad de los cargos públicos. Luchar contra todo tipo de corrupción y caciquismo.
- Ausencias: las faltas no justificadas de los cargos electos a sus obligaciones se les descontarán de su salario como a cualquier trabajador.
- Todos los candidatos de las listas electorales firmarán una declaración de compromiso, pública, con el proyecto político de PRE-Republicanos.
- Sociedad más justa e igualitaria
España está inmersa a día de hoy en un nacionalismo españolista, uniformador y enormemente centralizado que niega el derecho de autodeterminación. A esto se le suma un catolicismo profundamente conservador, intolerante, antilaico y con escasa sensibilidad democrática.
Otra de las características más notables de la “clase política” de España y del sistema que representa y defiende es de negar la voz a la ciudadanía; es una constante la toma de decisiones que afectan al grueso de la población trabajadora sin haber realizado la más mínima consulta y mediante una información sesgada, cuando no manipulada. PRE-Republicanos considera que es imposible procurar una calidad de vida digna si no se mantiene un contacto efectivo con la ciudadanía.
Junto con todo esto, es necesario y de justicia social una sociedad que reconozca la labor y el sacrificio inmenso de las personas que dieron su vida en defensa de la libertad y de la democracia; en definitiva, de la República. Por todo ello, PRE-Republicanos exige:
- La derogación de la Ley de Amnistía del 77.
- Derogación de la llamada Ley de Memoria Histórica, rescatando los aspectos positivos.
- Eliminación de toda simbología fascista de los espacios públicos y de los edificios e instituciones oficiales.
- El lema del movimiento memorialista: “Verdad, justicia y reparación” tomará cuerpo legal y el Estado garantizará su aplicación efectiva. La legislación sobre Memoria Histórica respetará el derecho internacional en esta materia.
- Reconocimiento y homenaje, por parte del Estado, de todos los españoles que dieron su vida en defensa de la libertad, la democracia y la legalidad republicana frente al fascismo.
- Impulso y promoción, sobre todo en escuelas e institutos, de la recuperación de la Memoria Histórica.
Para lograr una sociedad más democrática, PRE-Republicanos propone:
- Reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos del estado español.
- Información constante a la ciudadanía de las decisiones que les afecten.
- Potenciar la creación y desarrollo de un tejido asociativo, que facilite la participación de la ciudadanía.
- Desarrollo y puesta en marcha de todas aquellas medidas y mecanismos que garanticen la participación de los ciudadanos en la vida política, así como el control de los cargos electos.
- Derogación de la actual Ley de Extranjería. Cierre de los centros de internamiento de emigrantes (CIE)
